Costa Rica ha emergido como el país en América Latina con el incremento más significativo de millonarios extranjeros residentes en la última década, de acuerdo con un reporte de la consultora Henley & Partners. Este fenómeno, motivado por un atractivo sistema tributario y la búsqueda de una calidad de vida superior, ha causado un auge en el mercado de propiedades de lujo, pero también intensifica la desigualdad y provoca tensiones sociales debido al desplazamiento de las comunidades locales en áreas de alta demanda.
Según el documento Traslado de Riqueza Privada 2025, realizado por la firma Henley & Partners, Costa Rica reportó un aumento del 72% en su cantidad de millonarios en los últimos diez años (2014-2024), posicionándose en el sexto puesto en la clasificación global. El análisis considera a un millonario como alguien que posee más de 1 millón de dólares en activos líquidos e invertibles. Se calcula que cerca de 8.400 individuos con alto patrimonio han emigrado al país y se prevé la llegada de 350 adicionales durante el año 2025.
El gran salto migratorio se produjo después de la pandemia, un hito que, según Andrés Riggioni, socio director de la firma inmobiliaria de lujo The Agency Costa Rica, marcó un antes y un después. Este «efecto pandemia» generó un cambio de mentalidad global entre quienes poseen los fondos para elegir dónde vivir, lo que ha impulsado un boom en la construcción y compra de propiedades de lujo, especialmente en zonas costeras, con inmuebles que han duplicado su valor en pocos años.
Entre los principales atributos que atraen a este grupo se destaca el régimen fiscal costarricense. Andrew Amoils, líder de investigación de New World Wealth, subraya que el país no aplica impuestos sobre las ganancias de capital generadas fuera de su territorio. Además, la tasa máxima del impuesto sobre la renta asciende a un 25%, considerada como relativamente baja, y no hay un impuesto sobre sucesiones. A esto se añade la llamada «visa dorada», que facilita la obtención de residencia a los extranjeros que inviertan al menos 150.000 dólares en propiedades inmobiliarias.
El tipo de los recientes residentes es diverso. Vienen sobre todo de Estados Unidos y Canadá, aunque también de Europa y, cada vez más, de naciones latinoamericanas como México, Colombia o Venezuela. No solo hablamos de jubilados, sino también de «semi-retirados» mayores de 40 años que gestionan sus negocios de manera remota y una nueva generación de criptomillonarios. Un ejemplo es el pueblo costero de Santa Teresa, conocido como «Silicon Beach», donde ya no hay propiedades disponibles en primera línea de playa.
Sin embargo, esta llegada masiva de capital ha generado profundas consecuencias sociales. En la provincia de Guanacaste, ícono del boom, el precio de las propiedades aumentó hasta un 400% entre 2017 y 2023, según datos del Observatorio de Turismo de la Universidad Nacional. Este encarecimiento afecta directamente a la población local. Daniela Córdoba, investigadora de la Universidad de Costa Rica, describe la creación de «burbujas de lujo» en zonas donde la pobreza es alta, como la Región Chorotega, que registra un 24,5% de población pobre.
Este fenómeno, conocido como gentrificación, provoca el desplazamiento de las comunidades locales, que ya no pueden costear los alquileres o alimentos. Han surgido movimientos ciudadanos que protestan contra lo que califican como una «invasión» en las zonas costeras. La experta en salud pública Isabel Muñoz Beaulieu ha señalado la paradoja de que Guanacaste tenga la mayor proporción de casas vacías del país, mientras uno de cada diez de sus habitantes vive en asentamientos informales.
La creciente tensión social se agrava con un empeoramiento en la seguridad. Un reporte publicado en junio por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó que «el incremento de la violencia y el crimen podría tener un impacto desfavorable en el turismo y en la llegada de inversión extranjera directa». Esta opinión es también sostenida por el Centro de Estudios del Turismo (CET), que identifica la inseguridad como el mayor peligro para la industria.
A nivel regional, el documento de Henley & Partners indica que, aunque Costa Rica, Panamá y las Islas Caimán exhiben un incremento notable en la llegada de personas adineradas, naciones como Colombia, Brasil y Argentina han experimentado una disminución en la migración de individuos con elevado patrimonio.