La discusión sobre derechos humanos y migración se ha intensificado en Costa Rica, América Latina y el resto del mundo a lo largo de 2025, con gobiernos, organismos de la ONU, tribunales y sociedad civil enfrentando decisiones que afectan el acceso al asilo, la seguridad en fronteras y los derechos laborales. Según estimaciones de la OIM y ACNUR, hay más de 280 millones de personas migrantes internacionales y más de 100 millones de desplazadas forzosamente, cifras que ilustran la urgencia del tema. Importa porque define quién recibe protección, bajo qué garantías procesales y cómo se reparte la responsabilidad internacional.
El marco legal integra dispositivos tanto universales como regionales. Sobresalen la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Mundial para los Refugiados (2018) y el Pacto Mundial para la Migración (2018). En el continente americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Cartagena han ampliado los criterios de protección y guían las políticas nacionales.
El principal enfoque es la securitización y la externalización de fronteras. La disputa entre soberanía y deber de no devolución (non‑refoulement) aparece en los acuerdos que transfieren el control migratorio a otras naciones, junto con prácticas de pushbacks reportadas por entidades internacionales y cortes judiciales. El peligro: la creación de áreas con poca o ninguna protección donde se ponen en riesgo derechos fundamentales y la responsabilidad estatal se desvanece.
Un segundo frente es la criminalización de la movilidad y de la asistencia humanitaria. Procesos penales contra tripulaciones de rescate y ONG, o leyes que penalizan ayudar a personas en tránsito, erosionan el principio de solidaridad y pueden comprometer el derecho a la vida. Varias cortes han subrayado que perseguir a quienes salvan vidas desincentiva operaciones de búsqueda y rescate esenciales.
El acceso al asilo y las garantías procesales constituye el tercer nudo del debate. Se han endurecido criterios de inadmisibilidad, reducido plazos y extendido plataformas que gestionan solicitudes desde el exterior. Programas de devolución y figuras como el “tercer país seguro” han limitado el examen individual, aumentando el riesgo de devolución a persecución y decisiones aceleradas sin evaluación de vulnerabilidades.
La detención administrativa representa el cuarto tema crucial. Existen centros donde las condiciones no son adecuadas y las detenciones son extensas, incluso para niños, niñas y familias, con efectos psicosociales y de salud comprobados. Aumentan las iniciativas de alternativas a la detención, como el acompañamiento comunitario, fianzas proporcionales y la regularización temporal, que son más económicas y respetan más los derechos.
Quinto: derechos laborales, abuso en el trabajo y cadenas de valor. Migrantes y refugiados suelen emplearse en agricultura, construcción, limpieza y servicio doméstico, a menudo bajo condiciones inestables. La solución implica inspección a empleadores, diligencia empresarial y acceso real a mecanismos de queja; la regularización podría disminuir el abuso laboral, según datos comparativos.
Sexto: inclusión y ciudadanía. Modelos asimilacionistas frente a multiculturalistas, demandas lingüísticas y evaluaciones de arraigo afectan el empleo y la integración social. Experiencias de normalización extensa en América Latina para personas venezolanas y procedimientos en Europa demuestran que los programas bien estructurados optimizan la incorporación al trabajo y la captación fiscal.
Séptimo: género, orientación sexual e interseccionalidades. Reconocer persecución por violencia de género o por orientación e identidad sexual sigue siendo un reto en la práctica. Mujeres, niñas, personas LGBTIQ+, niños no acompañados y familias separadas requieren protecciones específicas, desde atención sanitaria y legal sensible al género hasta rutas seguras y alojamientos adecuados.
Octavo: desplazamiento por el clima y falta de protección. El refugio tradicional se enfoca en la persecución, no en catástrofes ambientales. Las comunidades de islas del Pacífico, regiones costeras y áreas afectadas por fenómenos extremos se enfrentan a desplazamientos en aumento. Se consideran enfoques complementarios y mecanismos de traslado que integren mitigación, adaptación y movilidad sin riesgos sin generar incentivos adversos.
Noveno: tecnología, vigilancia y protección de datos. La expansión de biometría, sistemas interoperables y acuerdos de intercambio de datos eleva riesgos de discriminación algorítmica, perfilamiento y uso secundario de información sensible. Se reclama proporcionalidad, transparencia, límites de retención y control judicial independiente.
Décimo: nacionalismo, xenofobia y discurso público. Narrativas que asocian migración con inseguridad o desempleo alimentan políticas restrictivas y violencia. La evidencia sociológica muestra que crisis económicas o sanitarias correlacionan con picos de actitudes xenófobas; contrarrestarlas exige campañas de información, educación cívica y participación comunitaria.
Los casos recientes más citados incluyen el Mediterráneo central, con miles de muertes en travesías y litigios sobre la obligación de desembarcar en puerto seguro; la frontera México–Estados Unidos, con medidas de contención y cambios normativos que impactan a solicitantes de asilo; la crisis venezolana, que impulsó estatus temporales y mecanismos regionales; y la situación de los rohingya en Myanmar, clave en debates sobre apatridia y genocidio. En todos, la constante es la tensión entre gestión migratoria y deber de no devolución.
Entre las propuestas con enfoque en derechos se destacan: acceso real al asilo (asistencia legal, servicios de interpretación y evaluación de vulnerabilidades); opciones alternativas a la detención y el veto de retener a menores de edad; rutas legales y seguras (visas de trabajo, reubicación, programas humanitarios y reunificación familiar); garantías de empleo digno y protección social; normas claras sobre protección de datos con auditorías; colaboración regional con distribución de responsabilidades; y mecanismos para el desplazamiento por causas climáticas con enfoque de justicia climática.
Persisten dilemas éticos y legales sin resolución. ¿Hasta qué punto una nación puede limitar derechos por seguridad o motivos económicos sin infringir sus compromisos internacionales? ¿De qué manera distribuir responsabilidades compartidas cuando la gestión se delega externamente? ¿Cómo equilibrar la soberanía con la protección internacional en situaciones de crisis rápida? Las decisiones futuras determinarán si se prioriza la dignidad humana o aumentan las áreas de vulnerabilidad.